Los argumentos de abril de 2026 ante la Suprema Corte en Monsanto Company v. Durnell sitúan una doctrina conocida —la prelación federal— en una posición de consecuencias inusuales. La cuestión es limitada pero de gran importancia: si la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) desplaza una reclamación conforme al derecho estatal por falta de advertencia cuando la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no ha exigido la advertencia en cuestión. Las implicaciones no son en absoluto limitadas. La respuesta de la Corte determinará no solo la viabilidad de miles de casos pendientes sobre pesticidas, sino también el límite práctico entre la aprobación regulatoria federal y el derecho de daños estatal.
La controversia central: ¿Qué exige realmente la “uniformidad”?
La postura de Monsanto, reflejada en sus escritos sobre el fondo y en los argumentos, es directa. La empresa sostiene que FIFRA crea un régimen de etiquetado uniforme y controlado federalmente. Conforme a este marco, un fabricante no puede añadir unilateralmente advertencias sin la aprobación de la EPA. Por ello, Monsanto afirma que una norma de derecho estatal que exige advertencias adicionales crea un conflicto de imposibilidad. En otras palabras, Monsanto plantea el caso como uno de exclusividad regulatoria: una vez que la EPA ha aprobado una etiqueta —y se ha negado a exigir una advertencia sobre el cáncer— el derecho de daños estatal no puede imponer responsabilidad por no incluirla. Este argumento se ve reforzado por un apoyo significativo de amici curiae, incluido el gobierno federal, que destaca el riesgo de un “mosaico” de obligaciones estatales de etiquetado.
El recurrido, John L. Durnell, propone una concepción más limitada de la prelación federal. Durnell sostiene que el derecho estatal no impone requisitos de etiquetado en abstracto; más bien, impone responsabilidad por falta de advertencia con base en riesgos conocidos. Conforme a esta postura, FIFRA permite obligaciones paralelas de derecho estatal que no contradicen directamente los requisitos federales. De manera crucial, Durnell sostiene que el derecho federal establece un mínimo, no un máximo, y que nada en FIFRA prohíbe a los fabricantes solicitar cambios en las etiquetas o abordar de otro modo los riesgos emergentes.
Los escritos: perspectivas contrapuestas sobre la imposibilidad
Los escritos cristalizan la controversia en dos teorías contrapuestas de la “imposibilidad”.
La teoría de imposibilidad de Monsanto
Monsanto sostiene que el cumplimiento de ambos regímenes es imposible porque FIFRA prohíbe los cambios unilaterales a las etiquetas y la EPA no exigió una advertencia sobre el cáncer. Por lo tanto, queda desplazada toda obligación de derecho estatal de incluir tal advertencia. No se trata meramente de un argumento sobre etiquetado; es un argumento sobre la definitividad regulatoria. Una vez que la EPA ha actuado (o se ha negado a actuar), esa determinación rige.
El marco de obligaciones paralelas de Durnell
Durnell responde que FIFRA permite a los fabricantes proponer cambios en las etiquetas, y que el derecho estatal solo exige advertencias razonables basadas en riesgos conocidos. No existe un conflicto directo porque el derecho federal no prohíbe la conducta que exige el derecho estatal. Conforme a esta postura, la imposibilidad exige más que silencio regulatorio: exige una prohibición federal afirmativa, que aquí no existe.
Argumentos orales: dónde probablemente se decidirá el caso
Los argumentos orales del 27 de abril de 2026 sugieren que la Corte está menos interesada en la doctrina abstracta de la prelación federal que en cómo funciona realmente el sistema regulatorio en la práctica. Durante el procedimiento surgieron varios temas.
¿Qué sucede entre las revisiones de la EPA?
Varios jueces cuestionaron a Monsanto sobre un problema práctico: si surgen nuevas pruebas científicas entre las revisiones de la EPA, ¿qué debe hacer el fabricante? La postura de Monsanto —que el etiquetado debe esperar la actuación de la EPA— plantea la posibilidad de una laguna regulatoria. Esa preocupación pareció tener eco, particularmente cuando la reclamación de daños subyacente se basa en la falta de advertencia sobre riesgos en evolución.
¿Equivale el silencio de la EPA a una prohibición?
Una cuestión central en los argumentos fue si la falta de la EPA de exigir una advertencia debe tratarse como una determinación federal vinculante (la postura de Monsanto) o como un juicio regulatorio no exclusivo que deja espacio al derecho estatal (la postura de Durnell). Esta distinción determina el resultado. Si el silencio equivale a una prohibición, procede la prelación federal. Si no, el caso continúa.
Responsabilidad retroactiva y equidad
Algunos jueces se centraron en cuestiones de equidad y preguntaron si es apropiado imponer responsabilidad por no incluir una advertencia que la EPA no exigió, y si ello efectivamente castiga el cumplimiento del derecho federal. Estas preguntas reflejan una tensión recurrente en los casos de prelación federal: si el derecho de daños estatal complementa o socava la regulación federal.
El alcance de los precedentes anteriores de la Corte
Aunque no se planteó explícitamente como un caso de stare decisis, los argumentos volvieron repetidamente a decisiones anteriores que reconocen que las reclamaciones estatales por falta de advertencia pueden coexistir con los regímenes federales de etiquetado. La postura de Durnell depende de que esos precedentes se mantengan intactos. La postura de Monsanto, en la práctica, los limitaría significativamente.
Lo que está en juego estructuralmente: más allá del glifosato
Aunque el caso surge de reclamaciones relacionadas con herbicidas a base de glifosato, lo que está en juego doctrinalmente va mucho más allá de un solo producto. A nivel estructural, la Corte está decidiendo si la aprobación regulatoria federal desplaza por defecto el derecho de daños estatal, o si el derecho estatal sigue siendo un mecanismo paralelo para la regulación de riesgos y la indemnización.
Una resolución a favor de Monsanto probablemente limitaría no solo los litigios sobre pesticidas, sino también otros ámbitos en los que los regímenes federales de etiquetado se cruzan con reclamaciones de daños estatales. Por el contrario, una resolución a favor de Durnell preservaría el equilibrio existente, en el que las agencias federales establecen requisitos de referencia y el derecho estatal cubre las lagunas percibidas.
Posibles caminos a seguir
Con base en los escritos y los argumentos, parecen plausibles tres resultados:
| Resultado potencial | Decisión de la Corte | Efecto práctico |
|---|---|---|
| Prelación amplia (prevalece Monsanto) | La aprobación de la EPA de una advertencia (o su decisión de no exigirla) desplaza las reclamaciones conforme al derecho estatal. | Reducción significativa de los litigios por falta de advertencia en todos los sectores. |
| Prelación limitada (decisión específica a los hechos) | Adopta una regla más limitada vinculada al expediente regulatorio específico. | Continuación de los litigios, con análisis de prelación federal caso por caso. |
| Sin prelación federal (prevalece Durnell) | FIFRA no desplaza las reclamaciones paralelas conforme al derecho estatal por falta de advertencia. | Preservación de los marcos de litigio existentes. |
Conclusión
Monsanto v. Durnell se presenta como un caso técnico de prelación federal. No lo es. En el fondo, el caso pregunta si la aprobación regulatoria federal es determinante, o simplemente un elemento dentro de un sistema más amplio de regulación de riesgos que incluye el derecho de daños estatal. La respuesta de la Corte definirá no solo el alcance de FIFRA, sino también la relación práctica entre las agencias federales y el common law.
Para los litigantes, la conclusión es directa: el resultado determinará cómo —y si— avanzan las reclamaciones por falta de advertencia en cualquier industria donde la regulación federal y el derecho estatal operen en paralelo. En Tajima LLP, continuaremos monitoreando la decisión de la Corte y sus implicaciones para los litigios de responsabilidad por productos y cumplimiento regulatorio.